Por Sofía Della Bernardina
El transporte público en la Ciudad de Buenos Aires no está adaptado a personas con capacidades diferentes, pero el COPINE es un organismo que puede ayudar a respetar los derechos de estas personas en la vía pública, junto con el Departamento de Discapacidad.
El transporte público en la Ciudad de Buenos Aires claramente no está preparado para personas con capacidades diferentes. Un informe de la Auditoría General de la Nación revela que las empresas de transporte público no cumplen con las normas que obligan a adaptar las unidades para discapacitados y que tal infracción ha sido avalada por la Secretaría de Transporte.
Para hacer efectivo el reclamo y el cumplimiento de los derechos de las personas con necesidades especiales, existe la Comisión para Personas con Discapacidad (COPINE), una herramienta que tiene como ejes fundamentales la participación ciudadana, la equiparación de oportunidades, la inclusión social y la integración sin discriminación. Es una instancia de coordinación y articulación de los servicios que brindan distintas áreas de atención social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este organismo sirve para que un ciudadano con necesidades especiales le envíe una nota en caso de tener problemas con el transporte.
A su vez, las acciones del Departamento de Discapacidad por un transporte público accesible nos hablan de la importancia que tiene este hecho en lograr la efectiva integración social de las personas con discapacidad, a través de objetivos como que el medio físico y la comunicación sean accesibles para todos.
El conjunto de resoluciones dictadas por la Auditoría General de la Nación ha propiciado el incumplimiento de la normativa nacional referida a la incorporación de unidades adaptadas y vulneran los derechos establecidos en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales para estos ciudadanos”.
Según un exhaustivo relevamiento hecho por la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) el cumplimiento de la norma es casi nulo. Un ínfimo porcentaje de los colectivos de servicio urbano y semiurbano están adaptados. Y es casi imposible usarlos, porque no se respetan frecuencias mínimas ni se informa sobre ellas. Peor aún es el caso del transporte interurbano: no hay ni siquiera un ómnibus con las instalaciones necesarias. Este incumplimiento de la ley fue acompañado por una actitud permisiva de la Secretaría de Transporte que fue admitiendo prórrogas y excepciones a favor de las empresas.
El transporte público en la Ciudad de Buenos Aires no está adaptado a personas con capacidades diferentes, pero el COPINE es un organismo que puede ayudar a respetar los derechos de estas personas en la vía pública, junto con el Departamento de Discapacidad.
El transporte público en la Ciudad de Buenos Aires claramente no está preparado para personas con capacidades diferentes. Un informe de la Auditoría General de la Nación revela que las empresas de transporte público no cumplen con las normas que obligan a adaptar las unidades para discapacitados y que tal infracción ha sido avalada por la Secretaría de Transporte.
Para hacer efectivo el reclamo y el cumplimiento de los derechos de las personas con necesidades especiales, existe la Comisión para Personas con Discapacidad (COPINE), una herramienta que tiene como ejes fundamentales la participación ciudadana, la equiparación de oportunidades, la inclusión social y la integración sin discriminación. Es una instancia de coordinación y articulación de los servicios que brindan distintas áreas de atención social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este organismo sirve para que un ciudadano con necesidades especiales le envíe una nota en caso de tener problemas con el transporte.
A su vez, las acciones del Departamento de Discapacidad por un transporte público accesible nos hablan de la importancia que tiene este hecho en lograr la efectiva integración social de las personas con discapacidad, a través de objetivos como que el medio físico y la comunicación sean accesibles para todos.
El conjunto de resoluciones dictadas por la Auditoría General de la Nación ha propiciado el incumplimiento de la normativa nacional referida a la incorporación de unidades adaptadas y vulneran los derechos establecidos en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales para estos ciudadanos”.
Según un exhaustivo relevamiento hecho por la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) el cumplimiento de la norma es casi nulo. Un ínfimo porcentaje de los colectivos de servicio urbano y semiurbano están adaptados. Y es casi imposible usarlos, porque no se respetan frecuencias mínimas ni se informa sobre ellas. Peor aún es el caso del transporte interurbano: no hay ni siquiera un ómnibus con las instalaciones necesarias. Este incumplimiento de la ley fue acompañado por una actitud permisiva de la Secretaría de Transporte que fue admitiendo prórrogas y excepciones a favor de las empresas.
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